Boletín No. 18, Bogotá, D.C. 30 de junio de 2020. En el desarrollo de la audiencia pública virtual de control social para la provincia del Rionegro, la Contraloría de Cundinamarca dio a conocer que como resultado de las auditorías practicadas a las administraciones municipales de las vigencias 2018 y 2019, se identificaron 32 hallazgos fiscales que suman posibles detrimentos patrimoniales superiores a los $1.262 millones de pesos en esta zona del departamento.

Dentro de las causas de estos hallazgos, el ente de control determinó, como principales, la falta de seguimiento y vigilancia en la ejecución contractual, en especial de obra pública; deficiente manejo de los recursos girados por concepto de anticipos, mala planeación en los estudios previos, gestión fiscal antieconómica e irregularidades en pagos, entre otros.

Así mismo, la Contraloría de Cundinamarca destacó que frente al control ejercido a las Empresas Sociales del Estado de la región, éstas no presentaron hallazgos fiscales.  

En cuanto a obras inconclusas, se pudieron detectar 6, así: en La Palma, ejecución de proyectos de dinamizadores; en Yacopí, el suministro de dos aulas prefabricadas con destino a reubicación para las zonas de Agua del Perro y Collajera; en Pacho, construcción de vías urbanas del corregimiento de Pasuncha, y en Paime, la construcción de viviendas rurales y la ubicación de 47 de unidades sanitarias para el sector rural.

Esta primera audiencia pública de control social, presidida por el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, contó con la participación en línea de miembros de juntas de acción comunal, veedores, integrantes de las asociaciones de usuarios del sector salud, funcionarios municipales y departamentales y ciudadanía de La Palma, El Peñón, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí. 

Estas audiencias públicas de control social, las cuales se realizarán periódicamente con cada una de las provincias del departamento, buscan generar espacios de interacción con los ciudadanos, de tal forma que la Contraloría pueda dar a conocer las competencias legales de la entidad, la gestión desarrollada en cada región y, principalmente, escuchar a la comunidad, aliada de gran importancia en el control social que consolide una sociedad libre de corrupción, puntualizó el contralor Sierra Cardozo al hacer el balance de la jornada.

 

 

 

Bogotá D.C. Boletín  No. 17. 24 de junio de 2020. En cumplimiento del plan de participación comunitaria y para ofrecer un espacio de interacción con los ciudadanos, la Contraloría de Cundinamarca continúa con la realización de audiencias públicas de control social en forma virtual, en esta ocasión, el encuentro está dirigido a las poblaciones de la provincia del Rionegro.

El encuentro virtual se desarrollará el próximo martes 30 de junio, el cual será transmitido a través de fecebook-live (@ContralCundinam) y la página web institucional a partir de las 9 y 30 de la mañana. 

Durante la audiencia, la Contraloría de Cundinamarca presentará un balance a la comunidad sobre los resultados de los procesos auditores realizados a los sujetos de control de esta provincia y el estado de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades auditadas. 

En la sesión, los ciudadanos de los municipios de La Palma, El Peñón, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí tendrán un panorama sobre la gestión de la entidad en el trámite dado a las quejas, denuncias y derechos de petición.

Está audiencia, presidida por el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, contará con un espacio de participación a la ciudadanía, para que expongan la problemática relacionada con salud, obras públicas y la contratación originada en la atención de la Pandemia COVID 19.

Es así como la Contraloría de Cundinamarca trabajando con la virtualidad, herramienta fundamental en estos momentos de crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, sigue garantizando la participación de los ciudadanos en la vigilancia de los recursos públicos y en el efectivo cumplimiento del control social, sin exponer a las comunidades a riegos de contagios; situación que asegura un control fiscal generador de valor y sosteniblidad para Cundinamarca. 

Preguntas y mayor información por los siguientes canales:

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Celular  3124569795. 

 

 

 

Boletín No. 15. Bogotá, 20 de mayo de 2020. Esta estrategia, diseñado por la Contraloría de Cundinamarca, promueve un diálogo más directo y oportuno entre el ente de control, las administraciones y la ciudadanía, permitiendo un acompañamiento a la gestión de las entidades territoriales para la debida inversión de los recursos públicos.

A través de mesas de trabajo, lideradas por el grupo directivo de la Contraloría, se efectuará un seguimiento a la gestión municipal, con la participación del alcalde, el personero, el jefe de control interno y los veedores ciudadanos de cada municipio.

Se abordarán temas como gestión administrativa, contratación, y se socializarán los requerimientos de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que permitan emprender las acciones pertinentes en favor de la comunidad.

Esta semana se han visitado los municipios de Villapinzón, Chocontá, Caparrapí y Zipaquirá.

 

 

 


Boletín No. 16. Bogotá, 29 de mayo de 2020. Durante la sesión de hoy de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, los integrantes de este organismo expresaron su preocupación frente al informe presentado por la EPS CONVIDA, en el cual no se logra evidenciar la existencia de la continuidad de los convenios suscritos entre la EPS CONVIDA y las instituciones prestadoras de salud, lo que pone en peligro la efectiva atención a muchos de sus afiliados.

Dentro del análisis se destacó que varios contratos ya vencieron, pero no reportan adiciones, prórrogas o nuevos convenios que garanticen la continuidad de los mismos. De igual forma, otros vencen este 31 de mayo, sin encontrar actuaciones administrativas que eviten la interrupción de la prestación de algunos servicios médicos.

Además de esta situación, el defensor del Pueblo de Cundinamarca, Julio Quintero Castellanos, indicó que ha recibido numerosas quejas denunciando que en los municipios, las sedes físicas de la EPS-CONVIDA no se encuentran atendiendo; situación que dificulta la debida atención a los afiliados.

Ante este escenario, el Contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, convoca a la administración de la EPS-CONVIDA, a que clarifique la situación que vive la entidad y tome las acciones pertinentes para garantizar una adecuada prestación de servicios, pero en especial lograr el fortalecimiento de esta importante entidad departamental.

Otras decisiones de la CRMBC

En la sesión virtual de la CRMBC, se garantizó la continuidad en el acompañamiento a la regularización de propiedad de los terrenos en el Barrio TAO de Pacho, y a la estabilización de los mismos ya que presenta graves daños geológicos.

En el seguimiento a la situación de hacinamiento carcelario, la CRMBC invitará a sesión extraordinaria a la dirección del INPEC y a los presidentes de los Consejos de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, para que expliquen el manejo dado a esta grave problemática.

Asimismo, para conocer las inquietudes de la ciudadanía con respecto a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I del municipio de Chía, la CRMBC, realizará una sesión virtual con los veedores que permita un diálogo fluido con los ciudadanos afectados por esta obra.

 

 

 

 

 

Boletín N° 14. Bogotá, 30 de abril de 2020. Uniéndose a la alerta expresada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Directiva No 16, los organismos integrantes de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, advierten a las administraciones locales, en especial a los representantes legales y ordenadores del gasto, guardar en sus actuaciones el cumplimento de la normativa contractual expedida en virtud del estado de emergencia sanitaria y los principios de la contratación estatal en todos los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios requeridos para contener la expansión de la pandemia y mitigar los efectos del COVID-19.

De la misma forma, los exhorta a que garanticen el uso adecuado y prioritario de los recursos públicos disponibles, y que todas sus acciones estén enmarcadas en los principios de transparencia, eficiencia, moralidad, economía e integridad. 

Durante la sesión ordinaria de la CMRBC, realizada hoy, Juan Pablo Contreras, delegado de la Personería Distrital, manifestó su preocupación frente a la entrega de ayudas en Bogotá ya que falta claridad por parte de la Nación y del Distrito, de las personas a quienes deben llegarles estos beneficios; lo que ha dificultado las acciones de mitigación de los riesgos de desabastecimiento de la población más vulnerable. 

Asimismo, llamó la atención a las administraciones sobre la necesidad de realizar controles efectivos a las donaciones de particulares, en el sentido de garantizar que las ayudas en especie cumplan con los requisitos fitosanitarios para el consumo.

Por su parte, el defensor del pueblo Distrital, Rafael Navarro, expresó la necesidad de implantar protocolos de información en los hospitales para que los familiares de los enfermos por COVID-19 tengan conocimiento de la evolución y estado de sus allegados.

Al referirse a la crisis carcelaria que padece el país, otro de los temas abordados por la CMRBC, el defensor distrital expresó la necesidad de que el INPEC garantice la virtualidad de todos los procesos en los establecimientos de reclusión, de tal forma que los privados de la libertad tengan asegurado su derecho a la defensa y al debido proceso, y que no se paralicen o generen nulidades, situaciones que pueden afectar las condiciones carcelarias.

Por su parte, el contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo resaltó la importancia del trabajo conjunto de los organismos de control y vigilancia para hacer frente a los hechos de corrupción que puedan presentarse en esta coyuntura en Bogotá y Cundinamarca. Para ello, al interior de la comisión se adoptarán a través de diferentes sistemas de comunicación procesos que agilicen las acciones, no se dupliquen tareas y, principalmente, lograr mayor celeridad de respuesta a la ciudadanía.